EL Guardian

Nunca imaginé que un artículo de denuncia intelectual, publicado en una página que recién comienza, tuviera tal repercusión. En las idas y vueltas que siguieron, quedaron expuestas intenciones e información nueva que reafirma lo anteriormente publicado. Elegí este título solo para enojar un poco más a quienes están involucrados en el tema, sin embargo, poco voy a mencionar de las actuaciones individuales de estas personas.

El libertarismo no es, en su esencia, una teoría económica ni una preferencia moral abstracta. Es, antes que nada, una teoría del poder: de su origen, de su funcionamiento y, sobre todo, de su tendencia estructural a expandirse.

Desde esta perspectiva, ideologías, programas y liderazgos son fenómenos secundarios. La cuestión central es que allí donde existe un poder concentrado, dotado de capacidad coercitiva, ese poder tenderá a perpetuarse y ampliarse. No existe, por tanto, algo así como un “buen poder mal utilizado”; existe un tipo de organización cuya lógica interna exige expansión para sobrevivir, tal como también advirtió Frédéric Bastiat al analizar la perversión de la ley cuando deja de proteger derechos y pasa a organizar el saqueo.

Para comprender este punto vamos a esquivar las disonancias hablando del otro. Comunistas y libertarios suelen declarar un fin último sorprendentemente similar: un mundo ideal sin poderes concentrados, sin dominación política y sin explotación. Llevado al extremo de lo simple, ambos imaginan una sociedad sin Estado. La diferencia crucial no está en el fin, sino en los medios.

El libertario sostiene que ese ideal solo puede alcanzarse reduciendo progresivamente la carga estatal y ampliando la libertad de acción, pensamiento y propiedad del individuo. Confía, como explicó Hayek, en el orden espontáneo que emerge cuando las personas interactúan libremente bajo reglas generales. El comunista, en cambio, desconfía radicalmente de ese orden. Para él, la sociedad sin un estado, solo es posible luego de una fase de concentración total del poder: la llamada dictadura del proletariado, el comunista se imagina como un padre de niñitos de 4 años a quienes no podría dejar solos jamás, debe controlar cada aspecto de su vida.

Aquí aparece el primer problema estructural. Para construir el paraíso final, el comunismo exige una centralización absoluta del poder político, económico y social, que ¡ojo!, concentrado no en una abstracción llamada “Estado”, sino realmente en una élite concreta: un líder o una mesa chica de toma de decisiones. Ludwig von Mises demostró que, incluso si se concediera buena fe a estos planificadores, el control racional de una economía compleja desde un escritorio es imposible. Pero aun dejando de lado el problema del cálculo económico, se abre una dificultad mayor: la lógica del poder.

Una vez concentrado, ¿qué incentivo tendría ese poder para disolverse a sí mismo? ¿Qué mecanismo real garantizaría que una estructura diseñada para controlar, vigilar, castigar y distribuir privilegios decida voluntariamente renunciar a ellos? Como advirtió Robert Michels en “ley de hierro de la oligarquía”, toda organización tiende a consolidar una élite que actúa en función de su propia preservación, incluso cuando proclama fines virtuosos.

Incluso si, por revelación divina, el líder máximo decidiera desmontar el aparato de poder, surgiría un problema adicional: ¿cómo impedir que sea reemplazado por otro hombre más ambicioso, dispuesto a ocupar el vacío de poder? 

El comunismo fracasa, entonces, no solo por razones económicas, sino porque su fin declarado es incompatible con los medios que emplea. Pretende abolir el poder acumulándolo al máximo. Es una contradicción interna.

En debates que mantuve en un espacio de investigación de Teoría Crítica de la escuela de Frankfurt llevado en la UDELAR, al llegar a este punto la respuesta suele ser silencio, incomprensión, o una apelación casi mística, “el pueblo lo hará por medio de otra revolución”. Los regímenes no esperan pasivamente la rebelión; se preparan para neutralizarla. Para ello concentran recursos, controlan la información, aseguran lealtades y construyen aparatos represivos. La idea de que un poder absoluto permitirá su propia destrucción por presión popular ignora su comportamiento histórico sistemático. Su propia lógica es expandirse para sobrevivir.

El problema no se limita al comunismo. La acumulación de poder es peligrosa incluso cuando produce prosperidad temporal. La historia ofrece ejemplos de monarcas o dictadores eficaces, pero también revela un riesgo estructural: el heredero incompetente. El poder transmite instituciones, ejércitos y burocracias, no transmite criterio ni prudencia.

A esto se suma otro elemento corrosivo: la idea de que el fin justifica los medios. Cuando el objetivo último se presenta como moralmente elevado, cualquier atrocidad intermedia se vuelve justificable. 

La disonancia moral completa el cuadro. Rara vez los actores de poder se perciben a sí mismos como malvados. Al contrario, suelen construir narrativas de sacrificio, responsabilidad y bien común. Así nacen las purgas, las listas negras y las exclusiones “necesarias”.

Lo que se observa actualmente, una vez más, dentro de un proyecto que se reivindica liberal, es un proceso reconocible de toma del poder y de control total mediante la eliminación progresiva de la competencia, comenzando por la interna. Para que dicho control sea efectivo, resulta necesario asegurar que ningún actor relevante pueda disputar las elecciones democráticas del propio espacio.

El mecanismo utilizado no es novedoso. Tal como ocurrió con María Corina Machado frente al régimen de Maduro, se recurre a la búsqueda de errores administrativos o a la formulación de denuncias improvisadas y apresuradas, cuyo objetivo no es la corrección institucional, sino la eliminación política de rivales. Como paso siguiente, y para impedir futuras participaciones, se planifica la confección de una lista negra o, como el propio Santiago Camejo confirmó en grupos públicos, una lista de personas con sus antecedentes, a quienes se les negaría la posibilidad de afiliarse al partido, participar o tener voz dentro de él.

Ante los pedidos de explicación, la respuesta institucional es derivar el asunto a la comisión de ética. Sin embargo, dicha comisión no actúa aquí como un órgano imparcial de control, sino como parte activa de la cacería dirigida contra los opositores internos del proyecto.

Tal como señalé en el artículo anterior, la comisión de ética es mal instrumentada: se la utiliza para rastrear archivos o conversaciones privadas de la persona a excluir y formular denuncias cuya resolución se encuentra definida con antelación. En este contexto, cualquier conflicto previo con miembros de esta facción se convierte en una condena política permanente. El mensaje implícito es claro: quien discrepa o compite queda fuera, no solo del presente, sino de toda posibilidad futura de participación en la vida política del partido.

Este comportamiento no responde a una anomalía personal ni a un exceso circunstancial, sino a la lógica propia del poder concentrado. Como se ha desarrollado anteriormente, el poder tiende a expandirse y a eliminar restricciones. En consecuencia, el avance “por todo” no es accidental, sino coherente con esa lógica. Del mismo modo, las justificaciones ofrecidas serán siempre de carácter virtuoso: orden, estabilidad, ética, responsabilidad institucional. Y frente a las denuncias, la reacción previsible será el escándalo moral y la acusación de que quienes señalan estos procesos “tiran piedras”, mientras los responsables se presentan a sí mismos como actores que trabajan de manera inocente y desinteresada.

El poder es así de sucio y peligroso.